Nadie ha escapado a los efectos adversos causados por un microscópico enemigo que invadió al mundo, llevándose consigo miles de vidas y dejando consecuencias económicas catastróficas. Todas las actividades humanas han sentido el efecto de su capacidad destructora, pero, algunas mucho más que otras, como la deportiva.

Aunque la economía en conjunto, es víctima del terrible Covid-19; el deporte, la cultura, el cine y los eventos artísticos, han sido gravemente perjudicados, debido, por ejemplo, a que los países prohibieron las concentraciones masivas. La razón es entendible, como también, el porqué de la gigante crisis a la que están abocados estos sectores.

Incuantificables son los daños ocasionados por la cancelación o el aplazamiento de competencias deportivas profesionales y aficionadas. Para solo hacer referencia a los eventos. Desde las más famosas y encopetadas, hasta aquellas muy pequeñas; de repente se vieron impactadas por un golpe a la barbilla, que las tiro a la lona y las noqueó.

Comenzando por los Juegos Olímpicos de Tokio, traslados para el 2021. Expertos economistas de la empresa SMBC Nikko Securities, calcularon que no haberse organizado las justas de Tokio 2020, le representó a Japón perder este año en su Producto Interno Bruto, PIB, 660.000 millones de yenes, ni más ni menos, que 5.500 millones de euros.

Las organizaciones deportivas ricas, perdieron millones en monedas fuertes, generalmente, con todo y lo que eso representa; las menos conocidas, millones, o de pronto miles, en monedas poderosas o débiles, que, para su presupuesto y tamaño, son cifras ‘enormes’, y que pueden inclusive dejarlas tambaleando, o llevarlas a desaparecer.

Nadie se salvó del perjuicio financiero. Sin embargo, los clubes o equipos solventes, al igual que los organizadores de competiciones mundiales, tenían, por fortuna, en gruesas cuentas bancarias; la reserva que les permitió hacerle una finta a la crítica situación, y no irse al precipicio. Como dijo Antonio Cervantes, ‘Kid Pambelé, “es mejor ser rico que pobre”.

Lo ocurrido, es lamentable para todo el deporte. Mas, salta a la vista, que la mayor consecuencia la sufre el aficionado. Los clubes y las ligas deportivas, en la mayoría de las disciplinas, casi siempre administran pírricos ingresos económicos, con los que a duras penas sobreviven. Es la triste realidad, que tenemos en Colombia.

El deporte asociado, como también se le identifica, está sumido en el Meta y el país, en una problemática de proporciones inimaginables. Cuando el año deportivo apenas despuntaba, llegó el virus y frenó en seco, todo.

Al efecto, de por sí perjudicial para el competidor, que se vio reducido a entrenar en la casa y a recibir la instrucción virtualmente, se agregó para los clubes, la desaparición de la fuente de recursos que permitía el pago a entrenadores y monitores, y responder por gastos operacionales esenciales, que por mínimos o austeros que fueran, cada mes costaban dinero.

El apoyo primario, indispensable, además, dada la situación generada; fue suplir alimentariamente a quienes laboran en sector deportivo aficionado. Incluidos los deportistas, técnicos y monitores de clubes y ligas, recibieron de institutos deportivos y benefactores, suministros que paliaron el crítico momento. Había que resolver lo inmediato, y se hizo, de la mejor manera, hasta donde las finanzas dieron.

Pero, ahora que se habla de fases, es necesario ir, lo antes posible, a la segunda. El deporte aficionado no solo espera protocolos y directrices de bioseguridad para su reactivación, que se necesitan y deben ser aplicados, desde luego, porque de por medio está proteger la vida; también requiere de planes macro que contribuyan a su recuperación económica.

Tras la ocurrencia de tragedias lamentables, sucedidas en nuestro país; se han implementado normas destinadas a dinamizar sectores productivos en las regiones afectadas. Una de ellas, fue la Ley 218 de 1995, expedida luego del terremoto que, en 1994, produjo una avalancha destructora en la ribera del río Páez, en el departamento del Cauca.

Una ley pro deporte, que, como en la llamada Ley Páez, cree estímulos tributarios importantes y atrayentes para beneficio del sector empresarial privado que apoye a clubes, ligas y federaciones, y que vayan más allá de lo fijado, en tal sentido, en la Ley 181 o Ley del Deporte Colombiano; le daría oxígeno al deporte asociado para ayudarlo a salir de cuidados intensivos.

Así mismo, es urgente reglamentar y poner en vigencia la Ley 2023 de 2020, que faculta a las Asambleas Departamentales y a los Concejos Municipales y Distritales, para aprobar la Tasa por Deporte y Recreación, con el fin de generar recursos destinados al apoyo de programas que fomenten y desarrollen la actividad, en sus respectivas jurisdicciones.

Si bien, resulta necesario que desde el gobierno se contribuya al resurgimiento deportivo; la experiencia vivida por culpa del minúsculo coronavirus, tiene que llevar a la dirigencia de los clubes y de las ligas, en el caso metense, para hablar solo de nuestro medio, a interiorizarse y preguntarse, con responsabilidad y visión futurista, como orientarlos u orientarlas, con criterio realmente empresarial.

Con o sin pandemia, y salvo excepciones honrosas, dignas de reconocimiento; la fragilidad institucional ha ocasionado a lo largo de los años, que el deporte asociado de este departamento haya padecido muchas dificultades, reflejadas en vicisitudes económicas, administrativas y técnico – deportivas. La crisis, sin precedentes, ha ahondado la problemática y la ha hecho más visible, qué duda cabe. Es indispensable que los clubes y las ligas, se hagan consistentes y potencialmente sostenibles, en todos los aspectos. Como los Boys Scouts, ‘siempre hay que estar listos’, porque nunca se sabe cómo será el mañana.