Los invasores tenían abogado de cabecera para buscar las maniobras jurídicas con las cuales pretendían evadir a la justicia.
El primer caso se reportó en el barrio Trece de Mayo, al respaldo del megacolegio, predio en áreas de cesión, destinado para hacer equipamiento urbano, tal como un parque o un centro cultural y que debe ser protegido tanto por la Administración, como por la comunidad.
“Lo que estamos viendo es que son estructuras muy bien organizadas, pues en el caso del Trece de Mayo llegaron varios buses con personas, en horas de la madrugada, con certificaciones de ser presuntamente víctimas de desplazamiento forzado, incluso con abogado y todo dispuesto para el proceso de invasión con blindaje jurídico que algunos abogados manejan en ese tema”, dijo Andrea Lizcano, secretaria de gobierno de Villavicencio.
El tema, fue puesto en conocimiento de la Fiscalía durante un Comité de Orden Público, con el fin de que se adelante la investigación, anunció la funcionaria.
“Este es un modus operandi que se ha venido presentando también en zonas de humedales, que están siendo intervenidas por la Secretaría de Medio Ambiente, Cormacarena y la Procuraduría. Incluso en los alrededores hay ferreterías que realizan la venta de los materiales, y esto no tiene sentido, porque finalmente la infraestructura se verá deteriorada por el nivel de agua subterránea que hay en estas zonas”, dijo la secretaria de Gobierno.
Así mismo, gracias a la información ciudadana, durante el fin de semana, las autoridades llegaron por tercera vez a un predio ubicado en la avenida 40 frente al centro comercial Villacentro, al lado del Colegio Departamental la Esperanza, sede sordos. Allí se destruyó una cerca hecha con postes de cemento, alambre de púa, candado y cadena, y se sacaron del predio alrededor de doce palos de madera que estaban listos para iniciar la estructura de una casa.
