Procuraduría declaró la prescripción de la acción disciplinaria por reestructuración de la planta de personal del Concejo Municipal.

De acuerdo con el Ministerio Público, “Se observa en esta instancia una prescripción de la acción disciplinaria, pues el auto de Investigación Disciplinaria fue expedido el 31 de octubre de 2014, es decir, que la Procuraduría contaba hasta el 31 de octubre de 2019, para expedir fallo disciplinario, y suspender el término de prescripción. A pesar de que este fue expedido el 20 de septiembre de 2019, el 25 de agosto de 2020 fue anulado en segunda instancia, por la Sala Disciplinaria, anulando lo actuado hasta el traslado para alegar de conclusión, lo que hizo que quedara sin efectos la suspensión de la que gozaba la acción disciplinaria, reanudándose el conteo de prescripción”.

El proceso había iniciado, a raíz de la queja presentada por Ariel Roberto Rey Baquero, concejal del municipio de Villavicencio para la época de los hechos, quien cuestionó el actuar del entonces alcalde municipal, Juan Guillermo Zuluaga,  y de algunos de sus colegas de la corporación, debido a la forma como se aprobó y sancionó el Acuerdo Municipal N° 205 del 31 de octubre de 2013, por medio del cual se modifica la planta de personal y se fija la asignación básica salarial de los funcionarios del Concejo Municipal de Villavicencio.

Afirmó el quejoso que, para la elaboración de dicho acuerdo, no se contó con un estudio técnico previo que resolviera la viabilidad de la modificación de la planta de personal, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 909 de 2004.

La investigación afectaba a Juan Guillermo Zuluaga Cardona, ex alcalde de Villavicencio, y los ex concejales Óscar Armando Alejo cano, Alexander Baquero Sanabria, Miguel Giovanni Beltrán Knorr, Carlos Alberto Carreño Pedraza, Walter Cock Echávez, Marco Aurelio López Lozada, José Yesid Morales Espitia, Jairo Narváez Falla, José Antonio Pérez Casiano, Mario Germán Rey, José Manuel Sandoval Garzón, Luis Fernando Vargas Peña y Héctor Fabio Vélez.