La alcaldía de Villavicencio perdió la oportunidad de reclamar más de 61 millones de pesos por incapacidades pagadas a sus empleados y que no fueron cobradas a tiempo a la EPS respectiva.
El hallazgo fiscal está contenido en el informe final de la auditoría especial a la Secretaría de Desarrollo Institucional, en la cual se revisaron los pagos por incapacidades de los años 2017, 2018 y 2019.
Señala el informe de la Contraloría Municipal de Villavicencio que “Al verificar todos los documentos soportes allegados por la dirección de personal, se evidencia que para la mayoría de casos no está la transcripción de la incapacidad por parte de la EPS y no existe ningún soporte de trámite referente a la solicitud de reembolso de incapacidades dirigida a las EPS y ARL correspondiente”.
A renglón seguido indica “Por lo anterior y teniendo en cuenta el término de más de tres (3) años, donde no hay lugar a reclamación, se entiende que, para aquellas incapacidades ocurridas en los meses de enero, febrero y marzo de 2017, ya se encuentran prescritas y la administración municipal ha perdido el derecho a solicitar el rembolso del valor de las prestaciones económicas”, según lo preceptúa el artículo 28 de la Ley 1438 de 2011.
Así las cosas, la Alcaldía ya no tendría lugar a reclamar $61.713.038, valor de las incapacidades pagadas a los empleados en 2017 y que no fueron cobradas a la EPS o ARL, determinándose esa cifra como cuantía del detrimento patrimonial.
