Los sujetos se apropiaban del 50% de lo recaudado por impuesto predial.

Un juez envió a la cárcel a tres personas que estarían apoderándose de dineros públicos en la alcaldía de Yopal (Casanare) entre 2019 y 2020, desde la Oficina de Hacienda del Municipio.

Por solicitud de la Fiscalía, fueron cobijados con detención intramuros, los funcionarios de la alcaldía de Yopal Yody Yeimy Patiño Vargas de 31 años, quien se desempeñaba como auxiliar administrativo desde noviembre de 2013 en la Secretaría de Hacienda; Rafael Nossa Molano de 40 años, técnico administrativo quien laboraba actualmente en las TICS y el particular Luis Enrique Herrera Niño de 55 años y de ocupación tramitador.

La investigación inició con denuncia del mismo Alcalde la localidad, quien puso en conocimiento de la Fiscalía la situación evidenciada en la Oficina de Recaudo de Impuesto Predial, donde se detectaron irregularidades en el registro de paz y salvos de los deudores al no coincidir éstos con los extractos bancarios del municipio, determinando que por lo menos en 151 registros de presunto pago de este impuesto en 2019, el dinero no ingresó a las arcas del municipio, presentándose un detrimento por $1.004’863.150.

Actividades adelantadas por investigadores de la Fiscalía Casanare, con apoyo de la Dirección Especializada Contra la Corrupción y Dijin anticorrupción de la Policía Nacional Bogotá, que incluyeron interceptación de líneas telefónicas y análisis, permitieron establecer que los detenidos, al parecer, recibían hasta el 50% del valor de lo adeudado al municipio por cada acreedor.

En las ciudades de Pailitas (Cesar) y Yopal (Casanare) fueron materializadas las órdenes judiciales contra los detenidos, que fueron presentados ante un juzgado con función de control de garantías, para su judicialización.

La Fiscalía imputó cargos contra los detenidos por los delitos de concierto para delinquir en concurso heterogéneo con cohecho propio, acceso abusivo a un sistema informático agravado y daño informático. Ninguno aceptó cargos.

Frente a la decisión del juzgado, la Fiscalía solicitó a las autoridades penitenciarias y de salud revisar el estado médico de los detenidos y garantizar que estén en buenas condiciones antes de realizar su traslado al lugar de detención.