Al acoger la solicitud de la Procuraduría General de la Nación, el Juez Cuarto Penal del Circuito Especializado Villavicencio ordenó a la alcaldía de la ciudad, a la Gobernación del Meta y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – Inpec-, trasladar 57 personas privadas de la libertad -PPL- y que padecen enfermedades crónicas, ante el alto riesgo de contagio por el covid-19, por la presencia de más de 990 casos confirmados.

Al fallar una acción de tutela instaurada por el órgano de control, el juez acogió la petición del Ministerio Público para que se garantizaran los derechos fundamentales a la vida, salud y dignidad humana de ese grupo de personas, que presentan enfermedades de base como hipertensión, diabetes, cáncer, insuficiencia renal, asma y tuberculosis, que generan un alto riesgo para sus vidas en caso de resultar contagiados por el virus.

También se ordenó que otras 13 PPL, positivas para covid-19, sean reubicadas de manera inmediata una vez se conozca el resultado de la segunda prueba, en un lugar, concertado y articulado con los entes territoriales y de salud, que garantice el aislamiento a que haya lugar.

El Juez requirió al Inpec, a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –Uspec- y al Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019 Fiduprevisora para que en 48 horas garanticen, de lunes a domingo durante las 24 horas del día, la presencia de personal médico y de enfermería y suministro de insumos, equipos y medicamentos necesarios para la atención médica, así como todo lo que sea necesario para la toma de muestras a PPL y personal que trabaja en ese centro carcelario, las cuales deberán ser remitidas al Instituto Nacional de Salud para su pronto análisis y así establecer el número real de contagiados.

Finalmente ordenó que de manera periódica se les entregue a PPL y al personal que labora elementos suficientes de bioseguridad como tapabocas, guantes, jabón, alcohol o equivalentes que permitan minimizar el riesgo de contagio.

El funcionario recalcó que esas medidas tienen como objetivo asegurar una ininterrumpida, constante y permanente prestación del servicio médico, y así fortalecer la asistencia sanitaria en el penal.