Se trata de 21.775 hectáreas que grupos como FARC y AUC, les arrebataron a comunidades indígenas Sikuani y Kuiva.

La demanda busca que estas comunidades puedan acceder a su derecho fundamental a la restitución y al goce efectivo de su territorio de acuerdo con su cultura y cosmovisión. Además tiene como objetivo principal recuperar 21.775 hectáreas que les fueron arrebatadas a los Sikuani y Kuiva por causa de la violencia.

El director territorial de la Unidad en Meta, Wilson Leyton, informó que “el territorio Altagracia se localiza entre los caños Gavilán y Negro, cuenta con un área de 21.775 hectáreas, de las cuales 13.134 son jurisdicción de La primavera y 8.641 hectáreas de Santa Rosalía”. 

La comunidad está conformada por dos grupos: el primero, lo integran 17 familias de la etnia Sikuani, quienes en 2006 se vieron obligadas a abandonar el territorio ancestral por cuenta del conflicto armado y se ubicaron en el predio “Granja La Esperanza” del municipio de Puerto Carreño. El segundo grupo, corresponde a 24 familias, de los pueblos Sikuani y Kuiva, víctimas del despojo y en consecuencia, desde 2010 habitan en el asentamiento “El Trompillo”, ubicado en el casco urbano de La Primavera.

Las afectaciones territoriales identificadas por la Unidad que motivaron la presentación de la demanda son: el abandono del territorio, por las amenazas perpetradas por las FARC, las Autodefensas y grupos armados al margen de la ley, que desencadenaron en la pérdida del vínculo con el territorio; la vulneración a los derechos a la soberanía alimentaria y a la medicina tradicional. A lo anterior se suma el despojo que se registró a raíz de la adjudicación de predios a terceros; y finalmente, el confinamiento, ocasionado por la presencia de grupos armados ilegales y de terceros de procedencia no étnica, impidiendo la libre circulación desde finales de los años 80.

Entre otras pretensiones consignadas en la demanda se encuentran: garantizar los derechos a la ocupación ancestral y a la propiedad colectiva; recuperar la autonomía y el gobierno propio; garantizar los derechos al uso y disfrute del territorio, a la libre circulación, al disfrute de los recursos naturales; y brindar seguridad alimentaria.