Reclaman millonarias indemnizaciones por fallas en el servicio de salud durante pandemia por Covid-19.

Serían más de 1,1 billones de pesos los que exigen reclusos de las cárceles del país, incluida la capital del Meta, por haberse contagiado de la enfermedad, sin recibir atención oportuna por parte del Inpec.

Así lo evidenció la Contraloría General de la República, al realizar auditoría financiera y de cumplimiento al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, determinando que el sistema de salud carcelario no respondió de manera oportuna, adecuada y suficiente para mitigar los efectos del covid-19. Además, la ejecución del presupuesto del Inpec, como consecuencia de esta situación fue relativamente baja.

Dado que, la emergencia sanitaria fue declarada desde el 12 de marzo de 2020 y los primeros casos se presentaron en la Cárcel de Villavicencio en la primera semana de abril, las muestras iniciales se tomaron el 27, cuando la enfermedad ya había avanzado en varios recintos del país.

Además, la toma de muestras (22.841) fue reducida frente a una población que, en promedio, de marzo a agosto, se ubicó en 111.192 internos. Ello significa que cerca del 79,5% de la población reclusa permanece sin toma de muestras.

Así mismo, se determinó que, el Sistema de Salud Penitenciaria carece del personal suficiente para hacer frente a una población conflictiva y especialmente vulnerable, con un buen porcentaje del personal médico que trabaja por prestación de servicio o a medio tiempo.