Luego de dar su último debate en Cámara, la iniciativa fue aprobada por el Legislativo este miércoles con votación unánime.
Luego de haberse levantado ayer el último debate en el Legislativo, el proyecto de ley ‘Borrón y cuenta nueva’, iniciativa de los senadores David Barguil y Luis Fernando Velasco, quedó aprobado hoy en la Plenaria de la Cámara de Representantes con 149 votos a favor y 0 en contra. El texto pasará a conciliación, luego deberá ser revisado por la Corte Constitucional y posteriormente pasaría a sanción presidencial.
Vale decir que la ponencia mayoritaria fue aprobada en la jornada de ayer con 150 votos a favor y 1 en contra. Además, en la sesión de ayer se aprobaron siete artículos de 16, entre estos están (los número 1,2,4,13,14,15 y 16). De estos, en el 4 se exige que las entidades financieras justifiquen por qué niegan un crédito, entre las razones no puede estar como motivo exclusivo el análisis del historial crediticio. En este también se incluye la gratuidad para que los usuarios puedan consultar en todo momento la información.
El proyecto que busca dar amnistía por única vez a los deudores que se encuentran reportados en las centrales de riesgo como Datacrédito o TransUnion, fue radicado el 30 de julio de 2019, luego de haber sido archivado ese mismo año.
La iniciativa pretende que quienes tengan deudas en mora y se pongan al día en estas durante los 12 meses de entrada en vigencia de la medida, o para aquellos que ya lo hayan hecho con anterioridad a la expedición de la misma, puedan salir inmediatamente del reporte negativo de las centrales de riesgo, según detalla el artículo 8 aprobado esta tarde.
Sumado a lo dicho, entre los puntos aprobados este miércoles están los artículos 3, 5, 7, 10, 6, 12, mientras tanto, el número 11, que no había sido incluido en el proyecto original, fue eliminado esta tarde. Este último buscaba, por ejemplo, obligar a un tendero que da crédito o ‘fía’ a que reportara su información financiera como si fuera una entidad bancaria.
Citando otros de los artículos, el número 6 protege a las víctimas de suplantación personal, permitiendo que estos salgan del reporte negativo con la sola denuncia ante la Fiscalía. Por su parte, en el artículo 12 se estipuló que a partir de la entrada en vigencia de la ley, el Gobierno Nacional deberá fortalecer la estrategia integral de educación económica y financiera en la población estudiantil.
El representante, Cesar Lorduy, ponente de la iniciativa dijo ayer durante la Plenaria en Cámara que se busca darle una segunda oportunidad a los colombianos que por alguna circunstancia no han podido pagar sus deudas. Añadió que es “un proyecto para la gente” y que es trabajo de los congresistas representarlos.
Por su parte, el congresista Harry González, otro de los coordinadores ponentes del proyecto en Cámara comentó que “no es verdad que se vaya a encarecer el crédito”, agregó que este se encuentra “regulado basado en criterios del Banco de la República quien ha venido bajando las tasas de interés”.
Durante la jornada de ayer, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, aseguró que el Gobierno apoyaba el proyecto si se tenían en cuenta tres modificaciones. “Uno, aumentar de 2 a 4 años el plazo en el que se mantenga una persona reportada si hizo pago, con el doble de tiempo de permanencia a la mora que tuvo con un máximo de 4 años; dos, aumentar la permanencia de la persona que no quiso pagar hasta los 10 años; tercero, quien no haya podido pagar en esta coyuntura, se acerque a quien le debe y le manifieste su imposibilidad de pagar y ánimo de llegar a un acuerdo en forma de pago y si no se logra, que no se reporte de aquí a diciembre”, dijo.
A pesar de que el senador Barguil ha expuesto distintos argumentos a favor del proyecto y ha reiterado que “esta ley, a mi juicio, se va a volver uno de los principales elementos de la reactivación económica de la post-pandemia (…) porque vamos a ingresar a siete u ocho millones de personas, pequeñas y medianas empresas, para que tengan la posibilidad de tener un crédito formal”, expertos y 26 de los 27 gremios que reúne el Consejo Gremial Nacional manifestaron su preocupación en días pasados respecto a la afectación que tendría en la inclusión financiera.
Entre los argumentos de los gremios está que “la cantidad y la calidad de los datos crediticios favorece el acceso de la población, especialmente la de menores recursos, al crédito otorgado por diferentes sectores empresariales.
Eliminar dicha información podría conducir a una inadecuada colocación del ahorro del público, al deterioro de la calidad de la cartera de las empresas y al fomento de la cultura del no pago“.
En línea con lo anterior, Sergio Clavijo, expresidente de Anif y académico de Los Andes, dijo que el proyecto minaría los esfuerzos que se han hecho en la inclusión financiera. También aseguró que, dada la coyuntura, en la que el PIB podría caer a niveles de 3% este año y en la que además, hay fragilidades en el aparato exportador y altas tasas de desempleo nacional, es importante “contar con un sistema financiero sólido que logre puentearnos, y con información veraz, el tránsito hacia la ansiada recuperación de 2021“.
La semana pasada, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, explicó en una audiencia pública en la Cámara de Representantes que debido a la mayor exposición de riesgo, las entidades financieras restringirían su oferta de crédito. Además, aseguró que se incrementaría el costo de acceso al crédito, poniendo como ejemplo el caso puntual de Chile en el que las centrales de riesgo dejaron de compartir por un lapso de tiempo la información de 2,8 millones de personas en 2012.
De acuerdo con Pedro Novoa, exdirector jurídico de Datacrédito y directivo de MS Legal, en el proyecto “persisten temas que serán perjudiciales para la posición del empresariado como las obligaciones de adelantar denuncias ante casos de suplantaciones y la de realizar doble notificación en deudas de bajos montos, aspectos, entre otros, que implican mayores gastos operacionales que, seguramente, se verán reflejados en los costos a los usuario”
