El Gobierno nacional confirmó que entregará archivos desclasificados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a las familias del humorista y periodista Jaime Garzón y del dirigente sindical Pedro Julio Movilla, en cumplimiento de decisiones adoptadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Aunque el acto oficial previsto para el 19 de junio en la Casa de Nariño fue aplazado por ajustes en la agenda presidencial, el Ejecutivo aseguró que la entrega se realizará en una nueva fecha que será anunciada próximamente.

La medida hace parte de las acciones ordenadas para garantizar el acceso a información relacionada con presuntas actividades ilegales de inteligencia, seguimientos y operaciones desarrolladas por organismos estatales entre las décadas de 1990 y 2000. Los documentos corresponden a archivos reservados del desaparecido DAS, entidad que fue liquidada en 2011 tras múltiples escándalos por interceptaciones y espionaje ilegal.

En el caso de Jaime Garzón, asesinado el 13 de agosto de 1999 en Bogotá, la documentación podría aportar nuevos elementos para esclarecer la posible participación de agentes estatales y determinar responsabilidades que aún no han sido plenamente establecidas. Organizaciones de derechos humanos y la familia del comunicador han sostenido durante años que persisten vacíos en la investigación sobre los autores intelectuales del crimen.

Por su parte, los familiares de Pedro Julio Movilla esperan que los archivos permitan avanzar en el esclarecimiento de su desaparición forzada ocurrida en mayo de 1993. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado colombiano por violaciones a los derechos humanos en este caso y ordenó adoptar medidas para garantizar la verdad, la justicia y la reparación integral.

La desclasificación de estos documentos se enmarca además en una política impulsada por el Gobierno para abrir al escrutinio público parte de los archivos históricos del DAS, considerados clave para esclarecer graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado.

La entrega de los expedientes es vista por las víctimas como un paso fundamental en la búsqueda de la verdad sobre dos de los casos más emblemáticos de presuntas actuaciones ilegales de organismos de inteligencia del Estado colombiano.