Todo está listo para que en la mañana de este martes inicien las audiencias de legalización de captura en contra de Emilio Tapia, Juan José Laverde Martínez y Luis Fernando Duque por las irregularidades que rodearon la licitación del billonario contrato del Ministerio de las TIC para aumentar la conectividad al internet en las escuelas de las regiones más apartadas del país.
En la diligencia judicial, la exministra de las TIC, Karen Abudinen solicitará que sea declarada como víctima dentro de este proceso penal. La petición será radicada por el abogado Jaime Lombana quien argumentará que la entonces Ministra y sus funcionarios fueron engañados por los contratistas quienes presentaron documentos falsos de bancos y aseguradoras.
El juzgado 53 de control de garantías deberá entonces entrar a evaluar si se cumplen o no los requisitos para avalar a la exministra como víctima dentro de este proceso. En esta etapa se deberán escuchar, además de la intervención del abogado peticionario, los conceptos de los sujetos procesales, entre los que se encuentran la Fiscalía, la Procuraduría y los abogados de los tres detenidos.
Según la investigación de la Fiscalía General, la Unión Temporal Centros Poblados -conformada por las empresas Fundación de Telecomunicaciones Ingeniería de Seguridad e Innovación, ICM Ingenieros, Intc de la Costa S.A.S. y Omega Buildings Constructora S.A.S- pese a no cumplir con las exigencias obtuvieron el contrato avaluado en 1.7 billones de pesos.
En primera medida recibió un anticipo de 70 mil millones de pesos para realizar los primeros trabajos de conectividad a la red en las escuelas rurales. Sin embargo, con el pasar del tiempo se determinó que las obras no se adelantaron o se instalaron elementos que no cumplían una función clara.
Los contratistas evadieron responsabilidad por las falencias en la primera etapa. Los investigadores también encontraron que los documentos bancarios y los seguros habrían sido falsificados al momento de presentar su propuesta en la licitación.
Con esta acción, indica la Fiscalía General, «indujeron al error» a los funcionarios del MinTIC encargados de adelantar el proceso de la revisión de los documentos para la entrega del billonario contrato.
El pasado lunes fueron capturados Luis Fernando Duque, presentante legal de la Unión Temporal Centros Poblados y Juan José Laverde, directivo de Rave Agencia de Seguros.
