El Meta es el departamento donde más amenazas y asesinatos de excombatientes se registran, según informe del alto consejero para la consolidación.
En audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), realizada en Villavicencio, el alto Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, presentó los resultados de los trabajos adelantados por el gobierno en materia de protección a excombatientes.
De acuerdo a la Fiscalía General, el 80 % de homicidios y agresiones a excombatientes es perpetrado por disidencias y narcotráfico, por lo que Archila dijo horas antes que “debemos unirnos todos contra los enemigos comunes: las amenazas, los asesinos y los malos son las disidencias”.
Según él, la seguridad en el proceso de reincorporación de los alrededor de 13.000 excombatientes es una prioridad del gobierno del presidente Iván Duque.
En la misma audiencia, el magistrado de la JEP Alejandro Ramelli inició su intervención diciendo que el Meta es uno de los departamentos que más ha tenido despliegues de grupos al margen de la ley. Allí, las acciones de la disidencia de “Gentil Duarte” se han concentrado en un 44 % con amenazas y artefactos puestos en los territorios.
Además, indicó que las muertes violentas han aumentado, “al punto que hasta el 15 de julio de este año se reportan los asesinatos de 278 firmantes de paz”, y que la JEP estableció que estas se han presentado donde la presencia de grupos armados ilegales sigue siendo una amenaza, como en el Meta.
Por parte de la Fiscalía, los resultados en cuanto a capturas hablan de que investigaciones de ellos vinculan a 335 personas como presuntos responsables, se han producido 279 órdenes de captura y 151 personas están privadas de la libertad.
Según Archila, hay garantías para 1.426 personas en reincorporación, y para las 389 que habitan en los tres antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (Etcr): La Reforma, en el municipio de Vistahermosa; La Guajira, en Mesetas, y Yarí, en Macarena, como a las otras 1.037 distribuidas en 27 municipios del departamento.
Otros de los avances que dispone el gobierno allí van en materia de reubicaciones, trasteos y esquemas de protección para colectivos e individuos, capturas y más tropas en la zona. “Todas estas medidas están enmarcadas en el Plan Estratégico de Seguridad que la Consejería adoptó el 31 de marzo de 2021, en acuerdo con lo que ha previsto la JEP”, señala un comunicado del gobierno.
Aunque en la audiencia, la magistrada Reinere Jaramillo, también de la JEP, leyó un documento en el que se dice que la Unidad Nacional de Protección (UNP) registra que 25 excombatientes que habían pedido protección fueron asesinados, y que las solicitudes de cuidado van en incremento y podrían ascender a las 1.000. Lo que deja como conclusión que “a pesar de los esfuerzos del Estado, hay una incapacidad institucional para las responsabilidades para su cargo”, dijo Reinere.
Precisamente, Archila dijo que “el 25 de octubre de 2019 fue asesinado Alexander Parra. No debió pasar. Pero, por este homicidio ya fueron capturadas 6 personas y la Fiscalía logró la judicialización de José Alfredo Agudelo Muñoz, alias ‘Rambo’, en condición de presunto autor intelectual, persona que pertenecía presuntamente al GAO-r al mando de alias “Gentil Duarte. Así, contundentemente, proceden las autoridades”.
