El Ministerio de Igualdad y Equidad comenzó oficialmente su proceso de cierre administrativo luego de que una circular interna notificara a más de 500 funcionarios sobre la entrega de funciones, documentos y equipos ante la posible desaparición de la entidad.

La situación se produce tras la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la ley que creó el ministerio por irregularidades en su trámite legislativo, relacionadas con la falta de un análisis adecuado del impacto fiscal.

La cartera, considerada una de las principales apuestas del Gobierno de Gustavo Petro y liderada por la vicepresidenta Francia Márquez, enfrenta ahora un futuro incierto mientras el Ejecutivo busca alternativas para evitar su desaparición.

En medio de la incertidumbre, los trabajadores se declararon en asamblea permanente y expresaron preocupación por la estabilidad laboral de cientos de empleados y por el futuro de los programas sociales que actualmente desarrolla la entidad.

El Gobierno anunció que trabaja en la redistribución de funciones hacia otras instituciones para garantizar la continuidad de la atención a poblaciones vulnerables.

Para sectores críticos, el eventual cierre representa uno de los mayores reveses administrativos del Gobierno Petro y evidencia fallas en la planeación jurídica de uno de sus proyectos más emblemáticos.