Además, el ente investigador anexará las revelaciones de seguimientos a periodistas y líderes políticos a la investigación que ya adelanta una fiscal delegada ante la Corte Suprema por las «chuzadas», al parecer orquestadas también desde inteligencia mientras él fue comandante del Ejército. El alto oficial insistió en su inocencia a través de un comunicado público.
Las revelaciones hechas por la revista Semana de seguimientos informáticos a periodistas, figuras políticas y defensores de derechos humanos orquestados desde inteligencia militar ya tienen sus primeros coletazos penales. El fiscal Francisco Barbosa anunció que se citará a interrogatorio al general Nicacio Martínez Espinel, «quien era comandante del Ejército Nacional de Colombia al momento de los hechos materia de indagación». El general se defendió en un comunicado público y arremetió contra lo que llama «calumnias y atropellos mediáticos».
Según explico el Barbosa, desde que en enero de este año se conoció de posibles interceptaciones ilegales o «chuzadas», al parecer también hechas desde inteligencia militar, en la Fiscalía ya anda una investigación. Estas pesquisas las encabeza una fiscal delegada ante la Corte Suprema, dado que son los magistrados de este alto tribunal los jueces naturales del excomandante Martínez por su grado de general en el Ejército.
Barbosa indicó que, por ende, «los nuevos hechos revelados el fin de semana, que darían cuenta de otros actos ilícitos», es decir, los perfilamientos y seguimientos informáticos, «serán incorporados a la investigación que adelanta la Fiscal Delegada ante la Corte Suprema de Justicia». Además señaló que dio la orden de citar a entrevista a todas las personas que sea necesario para esclarecer los hechos.
Mientras tanto, en la Corte Suprema cursa otra investigación preliminar contra el general Martínez por una denuncia anónima. Desde el pasado mes de enero, cuando estalló el primer capítulo de este escándalo de inteligencia que hablaba de «chuzadas», se conoció que la magistrada Cristina Lombana, de esta Sala, había ordenado un allanamiento a una base militar. Se trataba del Batallón de Ciberintenligencia en Facatativá (Cundinamarca). A la fecha, dijo el fiscal este lunes, en el ente investigador no conocen qué se encontró en los equipos incautados.
«La Fiscalía está a la espera de los resultados de los análisis forenses realizados a los equipos incautados en una sede del Ejército Nacional, en diciembre de 2019, durante una diligencia ordenada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y en la que no se solicitó el acompañamiento del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General», dijo Barbosa este lunes.
Sin mayor mención a las decenas de periodistas que fueron perfilados en las «carpetas secretas», el fiscal rechazó los seguimientos informáticos. «Debe manifestarse que haber realizado perfilamientos contra personas cercanas al Presidente de la Republica, de acuerdo con la información conocida en las últimas horas, denota un grave riesgo contra la institucionalidad, la seguridad nacional y el Estado de Derecho en Colombia. Este evento se investigará hasta las últimas consecuencias», dijo el jefe del ente investigador.
A través de un comunicado público de ocho puntos, el general Martínez reiteró su inocencia y dijo que estará a disposición de los entes de control para ayudar a esclarecer estos hechos. «Yo nunca he dado una orden de seguimiento, interceptaciones, elaboración de listas u operaciones de inteligencia contra periodistas, políticos, magistrados, miembros del alto gobierno o cualquier otra persona que represente una institución del Estado. Primero porque no era mi competencia para hacerlo hasta ese nivel y segundo porque no es acorde con mí actuar ético y moral que he defendido durante toda mi vida», declaró el alto oficial.
A renglón seguido, anota: «Mientras fui Comandante del Ejército Nacional, jamás percibí ni traté a los medios de comunicación como enemigos del Estado o de la Fuerza Pública. Por el contrario, sus denuncias, quejas e incluso opiniones, fueron escuchadas, valoradas y en varias ocasiones acogidas por la Institución. Estoy seguro que las acusaciones y señalamientos contenidos en algunas publicaciones, provienen de personas que se mantienen en el anonimato que buscan más que afectarme a mí y a mí familia, anular el cumplimiento de los fines constitucionales del Ejército Nacional».
Aseguró que su salida de la comandancia del Ejército no tuvo nada que ver con estos escándalos, sino que fue una decisión personal que tomó «como consecuencia de las múltiples calumnias y atropellos mediáticos, los cuales repercutieron en mi tranquilidad personal y la de mi familia». Dice que confía en la Fiscalía y la Procuraduría, pero que las investigaciones que adelantan estos entes se abrieron con fundamento en las publicaciones de la revista y no en pruebas que acrediten que lo que se ha publicado sea cierto. Por el contrario, las investigaciones, que en su mayoría son reservadas, ni siquiera tienen indicios que me relacionen con alguna actuación ilegal».
