Tendrá que pagar 6 años de prisión por aprovecharse de su cliente para apoderarse de una finca.
Una pena de 78 meses de prisión, el pago de una multa de 260 salarios mínimos legales vigentes e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de la pena, deberá cumplir Víctor Manuel Bravo Rodríguez imputado por el delito de fraude procesal.
La decisión fue adoptada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio tras conocer la apelación presentada por la Fiscalía Seccional y la defensa de víctimas, quienes se opusieron a la sentencia que absolvió al procesado que en primera instancia fue imputado por los delitos de falsedad en documento privado, estafa y fraude procesal.
El fallo del Tribunal declaró prescrita la acción penal frente al delito de falsedad en documento privado; confirmó el fallo favorable en cuanto al delito de estafa; y revocó la decisión frente al delito de fraude procesal, delito por el cual condenó al procesado.
Los hechos investigados ocurrieron en 2012 y se habrían presentado cuando, al parecer, Bravo Rodríguez habría usado un poder dentro de un proceso ejecutivo mixto que se adelantaba ante un juzgado civil de Bogotá, en el marco de un proceso de divorcio que adelantaba.
El expediente judicial relata que el abogado indujo a que su poderdante, con parte del dinero de la separación de bienes, comprara una finca. La estafa cuestionada por la justicia, consistía en que haciendo uso de un falso documento de cesión, Bravo terminaría siendo dueño de la mitad del predio. La víctima, Martha Patricia Ramírez Bonilla, se enteró de todo en el año 2012, cuando quiso vender.
Durante la etapa procesal Bravo alegó que entre ellos había una sociedad, sin embargo, no pudo demostrarlo.
Dentro de la sentencia, el Tribunal Superior determinó conceder el subrogado de la prisión domiciliaria y ordenó librar orden de captura contra el procesado.
Contra esta decisión procede el recurso extraordinario de casación.
