El Tribunal Administrativo del Meta negó las pretensiones del demandante que aseguraba que hubo detrimento patrimonial por parte de los concejales.
Edgar Ardila Barbosa, uno de los abogados defensores de los cabildantes, señaló que el Tribunal no consideró ilegal que se cobraran las sesiones ordinarias del 2 al 10 de enero de 2020, como quiera que se trata de un periodo constitucional a cuyos honorarios tienen derecho los concejales.
La demanda había sido instaurada por José Molina, contra los concejales de Granada José Alfredo Arias Delgado, Asmed Riveros, Leidy Johanna Fernández Blanco, Jhon Jairo Mayorga Suárez, Carlos Andrés Mutiz Angulo, Rubén Darío Poveda Gómez, Iván Darío Ramírez Berrío, Dixon Ramírez Guarnizo, Álex Fernando Cubides Parra, Michael Andrés Ramos Bedoya, Duván Roa y Víctor Vargas Rueda.
Durante esos días de sesión, los concejales recibieron cerca de 171 mil pesos por sesión, lo cual según Molina transgredía lo contemplado en el artículo 48 numeral 3 de la Ley 617 de 2000, porque era una sesión obligatoria para posesionar el nuevo Concejo y no tendrían derecho a honorarios.
Para el abogado Ardila, se logró comprobar ante el Tribunal que no existe violación de la ley, porque el Concejo tiene derecho a efectuar 70 sesiones ordinarias en el año con sus correspondientes pagos.
