Una denuncia radicada ante la Fiscalía General de la Nación por la Fundación Misión Colombia Transparente sostiene que 3.949.159 de los 12.708.312 votos obtenidos por Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial del 21 de junio habrían sido producto de un presunto esquema de constreñimiento electoral ejercido por organizaciones criminales en distintas regiones del país. Esa cifra representa el 31,07 % de toda la votación alcanzada por el candidato del petrismo.

De acuerdo con Sergio Alzate, director de la fundación, la denuncia es el resultado de más de cuatro años de investigaciones electorales, sustentadas en el análisis de bases de datos, mapas del conflicto armado y el comportamiento de la votación entre la primera y la segunda vuelta. Según explicó, fueron detectadas 25.029 mesas de votación con presuntas atipicidades, distribuidas en 5.654 puestos de votación de 520 municipios, ubicados principalmente en zonas con presencia de grupos armados ilegales, cultivos ilícitos y minería ilegal.

La fundación asegura que uno de los casos más llamativos ocurrió en Campamento (Antioquia), donde la votación por Cepeda habría aumentado 401 % entre la primera y la segunda vuelta. También reporta incrementos del 241 % en Angostura, 202 % en Anorí y 75 % en Remedios, todos en Antioquia. En la costa pacífica, señala aumentos del 83 % en Tumaco, 95 % en Ricaurte y 85 % en López de Micay, municipios históricamente afectados por la presencia de organizaciones armadas ilegales.

Según Alzate, la organización entregó a la Fiscalía testimonios, audios, mensajes y otros elementos probatorios que, a su juicio, evidenciarían presiones contra los electores para favorecer la candidatura de Iván Cepeda mediante el denominado “voto fusil”. La denuncia sostiene que en varias regiones los ciudadanos habrían sido intimidados por estructuras ilegales para definir el sentido de su voto.

La Fundación Misión Colombia Transparente anunció además que llevará el expediente ante la OEA y autoridades de Estados Unidos, entre ellas el FBI y la OFAC, para que evalúen la información recopilada sobre el presunto constreñimiento electoral y la posible injerencia de organizaciones criminales en los comicios.