Un informe de la Contraloría General de la República revela que tres de las universidades más importantes del país —Nacional, Antioquia y del Valle— enfrentan un pasivo pensional de $8,3 billones. La más afectada es la Universidad Nacional, con una deuda de $4,5 billones. Además, la falta de recursos para cubrir salarios, infraestructura y la política de gratuidad amenaza la continuidad de la educación superior pública en Colombia.

Mientras se tramita una reforma al esquema de financiación (Ley 30 de 1992), la Contraloría exige transferencias oportunas y suficientes por parte de la Nación. Sin una acción inmediata, se pone en riesgo la calidad, cobertura y sostenibilidad de un derecho fundamental: la educación.